Fuerte y firme en sociedad por el Huila

Archivo Tertulia

LA JUSTICIA COJEA PERO NO LLEGA

Esta semana invitamos a nuestra cotidiana reunión de la Tertulia al Doctor Otoniel Parra distinguido jurisconsulto de la región, quien ha ocupado muchos cargos de gran responsabilidad, entre ellos ser Procurador Regional del Huila,  para que nos ilustrara sobre los alcances de su experiencia y nos diera luces sobre el papel del Ministerio Público que tanto debate ha suscitado en los últimos días.  Una erudita exposición del invitado nos permitió conocer detalles históricos muy importantes de la constitución de la Procuraduría que se inició desde la época del Libertador Bolívar y que con el devenir fue perfeccionándose en su concepción republicana como una entidad que debería encargarse de defender la Constitución, las leyes y los derechos de los ciudadanos y finalmente con la capacidad de investigar y juzgar a los servidores públicos. Esa prístina y ética imagen ha sido elaborada a través de múltiples leyes, códigos y decretos .Pero una cosa es lo que se quiere y otra es la realidad. Buena parte de ese bagaje jurídico quedó plasmada en el papel por cuanto los hechos han demostrado que no basta redactar la ley sino que es el ser humano el que la puede ejercitar con pulcritud o puede manipularla para sus propios intereses. El 17 de mayo del 2010 se estremeció la opinión pública cuando la Revista Semana publicó la situación en el Huila donde la Fiscalía adelantaba cerca de 400 procesos contra funcionarios públicos y la Procuraduría llegó a destituir a mas de 4 alcaldes e iniciar muchos procesos por corrupción, especialmente en la contratación. Casi 4 años después el exprocurador  Dr. Otoniel nos informa que buena parte de todas sus investigaciones y procesos han ido siendo distorsionados a través de la intervención de las otras instancias jurídicas quedando de hecho demostrado que la impunidad es el aliciente más grande que tiene la corrupción en Colombia. Nos comentaba por ejemplo que el Código superestricto que tiene la Procuraduría para establecer sanciones y calificar la gravedad de las faltas permite mediante un articulado del mismo Código convertir una falta “ gravísima “ en “grave” a través de una interpretación aleatoria del funcionario investigador y por consiguiente las penas se reducen de drástica manera. Al revés también puede ocurrir lo mismo como en el  caso de Petro y el procurador. Entonces nos tocó reflexionar sobre la problemática de la Justicia. Hoy estamos desamparados al vaivén de cualquier anodino funcionario. El prevaricato no sólo por acción sino por omisión es de tipo epidémico. Y es que el sistema lo permite porque la justicia llega amarrada cuando son los grupos políticos los que imponen candidatos y puestos. Por eso se desvanecen las culpas y se interpretan los códigos favoreciendo a toda clase de corruptos y personajes venales. Cuando un Consejo de Estado determina que la ciudad de Neiva pierde un pleito con Diselecsa  (empresa de alumbrado) a través de un fallo “en conciencia” y nó por un fallo “en derecho”vemos que la justicia se puede manipular aún en los altos estrados . Y cuando vemos como de manera sumisa y genuflexa nuestros concejales aprueban contratos leoninos como el de las Basuras instados por las mismas empresas públicas que debían defender lo público, confirmamos que el trencito de la corrupción camina porque no hay quien lo ronde y detenga. Daba grima escuchar el lamento de semejante personaje jurídico ante la impotencia que produce la falta de personas mas nó de normas que muchas si las hay para frenar la corrupción. Nos recordaba a nuestro amigo ExContralor de Bogotá el Dr. Mario Solano cuando en una similar Tertulia nos confesaba la apoteósica hazaña de conseguir personas honestas que cuando se enviaban para investigar un delito, no llegaran comprometidas a defender a sus propios investigados. Es la verdad a secas. La justicia está impotente en este país. Le quedó fuera de sus necesidades.  Su rediseño y orientación a lograr su excelencia deben ser prioritarios para el Estado Colombiano. Y conjuntamente con este esfuerzo que se supone deberán encabezar nuestros gobernantes se impone la activación de la sociedad civil para  que en forma vigilante adopte esquemas de veeduría y observación de nuestros órganos de poder y representación. Para no tener que sonrojarnos con esos aplausos sin mérito alguno que se inventan los que disfrutan las mieles del poder para ganar indulgencias ante la opinión pública.