Actividades

En aplicación de la LOOT, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Ley 1454 de 2011, que tardó 20 años en reglamentar el ordenamiento del territorio colombiano desde las regiones prevista en la Ley 387 de 1996 y que buena parte de los municipios han incumplido, el gobierno departamental actual, bajo la dirección de Carlos Julio González Villa, asumió su papel a partir de las directrices de la LOOT. Para ello, conformó un equipo multidisciplinario coordinado por el Director Deptal de Planeación, Armando Saavedra y Carlos Eduardo Cabrera para formular el POD, Plan de Ordenamiento Departamental, que permitiera a los 37 municipios del Huila respetar la concepción del desarrollo con enfoque territorial dentro de un marco de aprovechamiento sostenible del mismo. Ese equipo estuvo en la Tertulia El Botalón el 3 de Octubre pasado e interactuó con los contertulios sobre tan importante temática.

Resulta apenas natural preguntar que es el Plan de Ordenamiento Departamental, POD, cuando lo que siempre se ha observado es la adopción por los municipios del Huila (como del resto del país) de sus propios Planes de Ordenamiento Territorial, POT, o, de acuerdo con el tamaño de los municipios, EOT (Esquema de Ordenamiento Territorial), o PBOT, (Plan Básico de Ordenamiento Territorial), llamados por el equipo invitado a la Tertulia, “planes de primera generación” para diferenciarlos de los que deben resultar de la aplicación del POD.

En suma, el POD es la guía que obligatoriamente deben seguir los municipios al formular y aprobar sus POT de tal manera que su formulación deba enmarcarse dentro de las variables ambientales, sociales, económicas definidas en el POD con lo que se espera, ahí sí, ordenar el territorio departamental, independiente de la concepción de cada alcalde en su municipio.

La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, LOOT, aprobada en el 2011 bajo el número 1454, define que los departamentos deben asumir un papel orientador pero con exigencia y obligatoriedad para superar la visión cortoplacista de los alcaldes de formular un POT para reglamentar casos específicos de uso del suelo como incorporación de áreas rurales a urbanas, en lugar de definir para el largo plazo lo que el territorio de su municipio debe permitir para garantizar, por ejemplo, actividades sostenibles que respeten las características del suelo evitando los conflictos agua-urbanización o el crecimiento desmedido del área urbana por encima de los límite naturales del territorio.

El POD, entonces, va a definir ese marco de obligatorio cumplimiento para los entes municipales, lo que supone un verdadero ordenamiento si se cumplen, por supuesto, sus dictados.

De acuerdo con el grupo de formulación invitado a la tertulia del martes 3 de octubre, porque incorpora conceptos nuevos como la mal llamada “gestión del riesgo” como un ataque directo al uso irresponsable e indiscriminado a áreas de protección ambiental como las rondas de los ríos y quebradas o construcciones en zonas de alto riesgo que pululan por los municipios del Huila, no solo en la capital. Según Carlos Eduardo Cabrera, “gracias” al desastre de Mocoa y a los de Campoalegre, Algeciras y Rivera en el Huila, el gobierno central autorizó utilizar regalías para atender esta planificación para prevenir riesgos como los soportados recientemente. Además revive la norma constitucional de asociatividad regional como las Regiones Administrativas de Planificación, RAP, hoy denominadas RAPE que pretende promover asociaciones entre municipios y departamentos en consideración a la llamada planeación espacial que no tiene en cuenta la relación político-administrativa de los municipios sino su realidad espacial al conformar áreas singulares.

La opinión de los contertulios al respecto es muy variada pero coincide en cierto escepticismo porque, por un lado, las fronteras departamentales y municipales se han construido culturalmente, han generado representatividad política en sus comunidades y sienten que perderían autonomía territorial; y, por el otro, la alta dependencia de los entes territoriales del presupuesto nacional, mucho más ahora que el centralismo ha renacido en los últimos dos gobiernos, los departamentos y los municipios carecen de los recursos para comprometerlos en tareas no definidas por lo que difícilmente pueden destinarlos a algo no prioritario, según la opinión de los burgomaestres.