Fuerte y firme en sociedad por el Huila

Archivo Tertulia

DE NUESTRA CLASE POLÍTICA

Amanecemos con diferentes noticias que afectan a nuestros gobernantes, tanto al saliente como a la entrante; el uno es destituido en primera instancia por irregularidades en la adjudicación a dedo del contrato de la producción y distribución de licores; y la otra, enjuiciada por el caso de las regalías consignadas irregularmente a TIG S.A. Adicionalmente, el periódico El Tiempo hace un recuento del voluminoso desfalco a Cajanal imputado a unos conocidos huilenses. Recodemos también que la mayoría de los candidatos y hoy elegidos son requeridos por la justicia por delitos contra la administración pública en sus anteriores cargos; igualmente, el más importante de nuestros congresistas, que ha ocupado la presidencia del legislativo y de quien nos deberíamos sentir orgullosos, también está vinculado a acciones turbias con el manejo propiedades originadas en el narcotráfico. Y es que la corrupción no tiene color político, los cobija a todos; esta es la principal razón por la cual ya no son importantes los partidos; todos son iguales, porque el sistema y sus propósitos son los mismos: robar al Estado. Además, porque la honestidad en la política no paga. El exgobernador Jaime Bravo, a quien recordamos por su buen gobierno y comportamiento honesto, injustamente paga una condena por no patrocinar corruptelas durante su mandato.

Realmente nos pone muy tristes observar que nos destacamos por contar con una clase política “non santa” que brilla por acciones corruptas en contra de nuestro patrimonio. Lo grave es que nos estamos acostumbrando a estos escenarios por lo repetitivos; lo normal es que los políticos cuando ganan las elecciones se encargan de devolver favores a la camarilla que los ayudó a ganarlas y a lucrarse ellos mismos con los dineros del común. No es vano lo que manifiesta el excongresista Juan Carlos Martínez desde la cárcel, que “más paga una alcaldía que la coronación de un embarque de coca”. 

Lo que más nos desanima es que las instituciones encargadas de controlar estas irregularidades no son eficaces; la Fiscalía no es profesional en el desempeño de sus funciones; la mayoría de sus funcionarios son nombrados por los mismo políticos que tienen que acusar y en la mayoría de los casos no actúa con la honestidad y diligencia requerida; la Procuraduría es muy demorada en sus decisiones y cuando éstas llegan, ya los daños y desfalcos han sucedido. De lo que se trata es de que no impere la impunidad y que quien viole la ley tenga su castigo oportuno, que sirva de ejemplo para que los que intenten hacerlo no lo hagan por la certeza del castigo. 

Esperamos que el año entrante se reforme la Ley 80 de contratación para que se tapen todos los huecos por donde se escurre y esquiva el espíritu de la ley (como por ejemplo, los contratos interadministrativos que permiten la contratación a dedo), y entre en operación el nuevo estatuto anticorrupción. Queremos creerle al presidente Santos en sus esfuerzos por contener esta plaga que tanto le cuesta a nuestro país y que nos sumerge en el subdesarrollo. Es nuestra última esperanza.