LA DESCOMPOSICIÓN SOCIAL
El escándalo de corrupción que sacude a la Corte Constitucional, es la “prueba reina” de la descomposición social de la “sociedad colombiana”. La indignidad del magistrado Pretelt, un personajillo oscuro, mediocre, arribista, avivato y trepador, es la medida de la “partidocracia” que detenta el poder en Colombia. Porque, este no es un hecho aislado de corruptela y degeneración; no es una “manzana podrida”. ¡No! Esta es la norma; es el comportamiento ordinario y cotidiano de la alta burocracia del estado. No solamente en las altas cortes o en la rama judicial. Hay que ver la mala fama y el desprecio del pueblo por la clase política –con excepciones honrosas–, que se mueve en el congreso, el escenario por excelencia del poder legislativo. O las joyitas de la tecnocracia que pulula en el poder ejecutivo nacional, la mayoría empleados de por vida de las grandes agencias internacionales que regentan los intereses del gran capital, temporalmente prestados para que ejerzan en los cargos públicos de ministerios, institutos, oficinas, comisiones…
Si esa es la cabeza, que se comporta como asaltantes de prebendas y canonjías, qué pueden pedirle a una sociedad que ha sido despojada de todo: del trabajo, de la riqueza, de los servicios básicos, de la seguridad social. De una sociedad que ve, todos los días, como, unos pocos, saquean los recursos de la nación, mientras a ellos, las mayorías, les está reservada la escasez, las penurias, las dolamas, el abandono, la pobreza y la miseria. Nos escandalizan a diario por los atracos, los raponeos callejeros, los hurtos, etc., cuando en las altas esferas del poder se roban a Colombia; y no pasa nada.
La entrevista del magistrado Pretelt en la W radio, es el colmo del descaro. Dejó al desnudo los comportamientos delincuenciales suyos y de sus pares en la Corte Constitucional. Lo que es no solo muy grave, sino que los pone al borde de la renuncia: ¡tanta indignidad es inaceptable! Pero igual sucede con las otras cortes: la Suprema y el Consejo de Estado, que se han comportado de similar o peor manera. Así como, destapó otros comportamientos indelicados –por decir algo suave–, del fiscal (que nunca debió ser propuesto, ni menos nombrado por los numerosos impedimentos éticos que lo acompañan), la cabeza del ente acusador, del Procurador y del Contralor; todos partícipes del roscograma de prebendas cruzadas.
Lo cierto es que la degeneración extrema que carcome a las altas cortes y, en buena medida a la rama judicial, no se explicaría sin el contubernio con la “partidocracia” que controla, además los poderes ejecutivo y legislativo. La corruptela de la repartija de cargos y presupuestos, es la “ley de hierro” que regula el funcionamiento de esa asociación ilícita. Una asociación que funciona sobre la base de garantizar los privilegios de las élites en el poder, sin importar que eso signifique negar los derechos de los ciudadanos del común.
