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A pesar de ser un conflicto interno, el invitado explicó muy bien que el marco bajo el cual debe analizarse esta situación planteada por el gobierno colombiano es el derecho internacional humanitario, DIH. El DIH nace como una necesidad de humanizar (reducir mejor, en términos del invitado Dr. Ortiz porque ninguna guerra es humana) los conflictos ante la imposibilidad de evitarlos. Nace como respuesta de Henry Dudant ante el dantesco espectáculo de muertos y heridos en el campo de batalla para permitir retirar los heridos y dar cristiana sepultura a los incontables muertos. Esto se considera como un anticipo de lo que sería la Cruz Roja Internacional pactando zonas de neutralidad (hospitales, escuelas, ambulancias, etc.). Nace la convención de Viena con sus protocolos I, II, III que regulan los conflictos internacionales e internos que nuestro país acogió sometiéndose, en consecuencia, a lo aquí legislado.

Son documentos adicionales a los convenios que llevaron a las partes a la mesa que, en caso de una ruptura de las negociaciones,  establecen unas mínimas condiciones para respetarse entre tales partes. En otras palabras, se evita que una de las partes quede a merced de la otra en tal situación de ruptura y Cuba que es uno de los países garantes queda obligada, así como las partes, a cumplir tales condiciones. Esto es lo que pretende desconocer Colombia con el argumento de no haberlos firmado. Además, Colombia aceptó que con las FARC, ELN y otras organizaciones subversivas existe un conflicto interno, que es otro de los condicionantes para que se aplique el DIH, por lo que no puede desconocerse lo acordado en Ginebra.

Para el invitado, como para buena parte de los juristas consultados por los medios de comunicación, en todos los convenios, incluidos los protocolos, que no son un tratado como ya se explicó, se consagra el principio universal del pacta sunt servanda (Art. 62 de la Convención de Viena) que significa que “los pactos son para cumplirlos” y que conforme al principio latino, el acuerdo de voluntades es una ley entre las partes. Además, tal como lo afirmó el Dr. Ortiz, son una práctica usual y necesaria en cualquier proceso de paz. De insistir el gobierno en no reconocer estos protocolos, se preguntaba el expositor, ¿Qué grupo insurgente aceptaría negociar si el Estado puede romper unilateralmente el proceso y capturar al negociador?

Rodrigo Uprimny, investigador de Dejusticia y profesor de la U Nal, argumenta que una vez cumplido el protocolo, “el Estado no solo puede sino que debe sancionar a los terroristas responsables. Lo que no puede es hacer trampa (perfidia, también señaló el Dr. Ortiz) e incumplir el protocolo para capturarlos en Cuba porque no pudo hacerlo en Colombia”. En síntesis, es insostenible la tesis del Gobierno Duque.

De acuerdo con Luis Alfredo Ortiz, la continuación de los diálogos con el ELN es potestativo, que no obligante. En este sentido, los contertulios se mostraron mayoritariamente a favor de la posición del invitado y también del regreso a las conversaciones, lo cual no desconoce la gravedad del atentado a la Escuela de Policía como tampoco la justificación del ELN en cuanto a que esta es un objetivo militar. Destaco la amplia participación de los contertulios, especialmente de quienes con amplio conocimiento aportaron a la discusión con respeto y ponderación.